Borrón y cuenta nueva es lo que desean los venezolanos que hoy, 24 de diciembre, se encuentran en la cárcel por causas que ellos consideran ideológicas. Gonzalo Himiob, abogado del general Francisco Usón y de otros detenidos, advierte que no solicitan el indulto porque éste significa admitir la culpabilidad y pedir perdón... justo lo que el diputado Carlos Escarrá considera imprescindiblE. Los defensores de quienes se consideran víctimas del gobierno aseguran que buscan justicia, no impunidad.
CARACAS.- Como el pequeño que pide un regalo carísimo al Niño Jesús, así mismo (sin muchas esperanzas de obtener el costoso juguete) los autodenominados presos políticos del gobierno de Hugo Chávez piden amnistía.
No quieren un indulto porque éste, a diferencia de la amnistía, supone pedir perdón, implica asumirse culpable de los delitos que se le imputan, algo que no están dispuestos a hacer, como ya advirtió el general Francisco Usón, encarcelado desde 2004, acusado de injuriar a la Fuerza Armada Nacional.
“Es extremadamente urgente que desde el poder se deje de ver al opositor como una persona criminal. Creer que quien disiente con el gobierno es una persona que muestra una conducta contraria a la Constitución”, expone Gonzalo Himiob, representante judicial de varios de los detenidos.
Borrón y cuenta nueva
El abogado recalca que la única manera de seguir hacia delante es a través de la promulgación de una Ley de Amnistía, la cual implica el cese de una persecución penal, no una gracia presidencial.
“No queremos que se otorgue un indulto. Eso es inconveniente porque sería reconocer de alguna manera que los detenidos han incurrido en delitos. Eso para nosotros es completamente negado.
Himiob recuerda que el pasado 17 de mayo consignaron ante la Asamblea Nacional una propuesta de Ley de Amnistía, respaldada con más de 17 mil firmas, requisito indispensable para impulsar por iniciativa popular un proyecto en el Parlamento. Sin embargo, resalta que, hasta ahora, no han recibido ninguna respuesta.
“No hay ningún ánimo de reconciliación ni tolerancia. No hay ninguna posibilidad que desde el oficialismo se vea al opositor como un adversario válido, o como una persona que tiene tanto derecho como ellos a expresar sus opiniones, independientemente de que al gobierno le resulte incómodo. Reconocer que estas personas sí estaban ejerciendo unas protestas válidas es virtualmente imposible, porque significaría que todo lo que hicieron fue un acto de persecución política”.
El abogado afirma que sólo la presión popular obligará a la Asamblea Nacional a considerar una amnistía para los presos políticos, pero asegura que también se podría utilizar otros caminos para impulsar la idea, como plantear el tema ante instancias internacionales, si bien estos organismos no tienen la potestad de dictar leyes que tengan efecto en Venezuela.
“En el pueblo venezolano, tanto en el oficialista como en el opositor, hay ese ánimo de reconciliación. Existe esa voluntad de llevar adelante un país sin tanta confrontaciones, y el primer paso hacia esa Venezuela pacífica es reconocer que quien se te opuso no es un criminal, si no sencillamente un venezolano que no está de acuerdo contigo”, comenta.
Himiob resalta que el proyecto expresamente pretende beneficiar a aquellas personas vinculadas con los sucesos de abril del 2002, el paro cívico del 2002 y 2003 (especialmente a los trabajadores de Petróleos de Venezuela), y a los enjuiciados por traición a la patria, subversión, rebelión, o cualquier otro delito contra la independencia y seguridad de la nación. La propuesta busca poner fin a todos los procesos penales, civiles, laborales y administrativos.
Recalca que no se promueve la impunidad, sino ofrecer amnistía por motivaciones políticas, y no por actos criminales.
“Si esa persona que disparó la hizo desde la tolerancia del gobierno como parte de un plan sistemático de desarticulación de la disidencia política, eso es un crimen de lesa humanidad, y la Constitución no permite la amnistía en esos casos. Si desde las filas de la oposición se llega a demostrar que un exaltado tomó un revólver y se puso a dispararle a los oficialistas, esta persona no es un perseguido por razones políticas, sino que es un criminal, y debe ser tratado como tal”, admite.
Políticos presos
El diputado Carlos Escarrá Malavé asegura que en la Asamblea Nacional no hay intención de dictar una Ley de Amnistía, y afirma que la propuesta impulsada por algunos allegados de los detenidos es un acto de “hipocresía social”.
“No es lo mismo presos políticos que políticos presos. Son personas particulares que violaron la ley no en defensa de una idea política sino de un acto vandálico. No hay amnistía que valga”, sentenció el también abogado constitucionalista.
El parlamentario asevera que el proyecto presentado ante el Legislativo no reunió el respaldo del 0,5% de los electores, requisito mínimo exigido para impulsar la discusión de una ley a través de la iniciativa popular.
“No pueden venir 2, 5 ó 10 personas a presentar un proyecto de ley. Eso no es conocer la Constitución”, apunta.
Escarrá Malavé reitera que en la Asamblea Nacional no están interesados en plantear una “reconciliación con el pasado”, error básico que, según señala, existe dentro de la oposición.
“La amnistía es un perdón, y el perdón ocurre cuando hay acto de contricción. Sin contricción no hay perdón ni siquiera en el cristianismo. Cuando tu vas ante un sacerdote a confesarte lo primero que tienes que hacer es admitir tu pecado, si no no tienes perdón. Mientras no se admita los errores, y no haya ese acto de contricción, no puede existir perdón. Lo demás es seguir jugando a la hipocresía ”.
El diputado niega que el presidente Chávez pueda utilizar los poderes habilitantes que le entregó el Parlamento para dictar una Ley de Amnistía.
“Esa materia no está entre las atribuciones otorgadas al Presidente. Si lo hace estaría violando la Constitución”, advierte.
Dos caminos
La amnistía y el indulto son dos fórmulas jurídicas establecidas en la Constitución y en la legislación venezolana para extinguir la responsabilidad penal. Ambas figuras son de origen remoto, y tienen sus raíces en el llamado derecho de gracia o la clemencia del soberano.
“Son formas a través de las cuales se logra responder a ideales de justicia y equidad, y corregir las fallas dentro de un sistema. No son simplemente gracias, sino que básicamente cuando se reclama una amnistía o un indulto, sobre todo en hechos de connotación política, se trata de restablecer la justicia. Hacer justicia dentro de la sociedad”, explica el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga.
El jurista resalta que la amnistía sólo debe ser aprobada por el Parlamento a través de una ley, y básicamente consiste en la renuncia del Estado a ejercer acciones penales por un hecho concreto.
El indulto, en cambio, puede ser dictado por un decreto del Presidente de la República, y significa el perdón de una falta cometida por una persona en particular.
En general el indulto debe ser dictado cuando el acusado ya ha sido condenado. Sin embargo, la legislación venezolana permite lo que se llama “indulto procesal”, que es la potestad que tiene el primer mandatario de poner fin a una investigación en cualquier estado de la causa.
“El indulto procesal es muy discutible. Si una persona que está siendo juzgada es indultada, se viola el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Además, sería una intervención directa del Poder Ejecutivo en el Judicial”, acota. Arteaga afirma que frecuentemente los indultos y las amnistías están vinculados con casos políticos.
“Son hechos que tienen un carácter punible muy relativo. Depende de la posición en la cual se encuentre la persona. Según la doctrina, son hechos cuyas motivaciones de los imputados son altruistas. Se trata de un conflicto de ideas y posiciones. La sociedad reclama que en casos como estos se recurra a la amnistía o al indulto”, comenta.
En Venezuela ambas figuras han sido aplicadas.
Arteaga recuerda que en 1995, y en cumplimiento de una de sus promesas electorales, el presidente Rafael Caldera concedió un indulto a Chávez y a otros militares que participaron en los golpes de Estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
En el año 2000 la AN dictó una Ley de Amnistía que favoreció a todos los involucradas en los alzamientos guerrilleros de los primeros años de democracia. Antes, los gobiernos de Raúl Leoni y Rafael Caldera, entre los años 60 y 70, utilizaron el indulto para impulsar la pacificación.
El 30 de agosto de este año el presidente Chávez otorgó el que, hasta ahora, ha sido el único indulto concedido y que benefició a 41 supuestos paramilitares colombianos detenidos en 2004 en una finca de El Hatillo (Miranda), condenados por el delito de rebelión militar contra su gobierno.
Gracias distintas
La amnistía es un acto emanado del Poder Legislativo y significa la extinción de la responsabilidad penal por un hecho que era considerado como delictivo, por lo cual una pluralidad de individuos, que habían sido declarados culpables, pasan a considerarse inocentes por la desaparición de la figura delictiva. El indulto, en cambio, supone el perdón de la pena a una persona en particular y generalmente puede ser dictado por la cabeza del Ejecutivo.
El indulto es un beneficio que favorece a un individuo en concreto, mientras que la amnistía está referida a hechos (como por ejemplo el 11 de abril de 2002) y frecuentemente beneficia a varias personas que hayan participado en tales acontecimientos. A diferencia de la amnistía, el indulto no extingue la responsabilidad civil derivada de un delito, ni necesariamente borra los antecedentes penales. Para otorgar una amnistía es necesaria una ley, mientras que para un indulto basta con la emisión y ejecución de un acto administrativo.
Tras las rejas
De acuerdo con la información suministrada por la Organización No Gubernamental Venezuela Vigilante, la siguiente es la lista de quienes a la fecha están presos por motivos considerados políticos:
Desde 2003: Erasmo Bolívar, Luis Molina Cerrada, Ramón Zapata Alonso, Arube Pérez Salazar, Rafael Neazoa López, Marco Hurtado, Héctor Rovain y Julio Rodríguez, todos efectivos de la Policía Metropolitana, acusados por los sucesos del 11 de abril de 2002. También el ingeniero Silvio Mérida Ortiz, acusado por el atentado a las sedes diplomáticas de Colombia y España.
Desde 2004: El capitán Otto Gebauer y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, todos responsabilizados por los hechos del 11/A. La lista la engrosan Miguel Prieto Morales, efectivo castrense acusado por el caso de los paramilitares colombianos; el ingeniero Raúl Díaz, detenido por el atentado a las ya mencionadas embajadas; el general Francisco Usón, condenado por injuria contra la Fuerza Armada. Se debe agregar a Juan Bautista Guevara y los comisarios Otoniel y Rolando Guevara, quienes aseguran haber sido culpados (por razones políticas) de asesinar al fiscal Danilo Anderson.
Desde 2005: El teniente coronel Humberto Quintero, acusado por detención de llamado canciller de las FARC Rodrigo Granda y al general Felipe Rodríguez “El cuervo”, acusado por los atentado a las sedes diplomáticas de Colombia y España.
Desde 2006: Iván Rouvier (acusado por el caso de los paramilitares) y los coroneles Ricardo Alfonso Cedeño y Carlos González, acusados por la protesta de la plaza Altamira.
Desde 2007: Ramón Guillén Dávila y Thomas Guillén Korinski, ambos acusados y Carlos Guyón Celis y José Francisco Alvarado, imputados, todos por conspirar contra el presidente Chávez. Además, los abogados Diana Mora Herrera y Luis Alberto Rodríguez Villamizar, imputados por el atentado a la embajada de Bolivia. También, José Alejandro Nieto Núñez, ex empleado de Pdvsa acusado por participar en el paro.
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